COLUMNA EDITORIAL PARA EL DIARIO «EL CRONISTA»

Resulta exagerada la paradoja de que aquella institución tradicionalmente representada por una balanza se constituya a partir de un desequilibrio tal. Parecería sintetizar en sí mismo ese refrán de la disparidad entre lo que se dice y lo que se hace. Es tiempo de que también la justicia sea justa.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires fue creada en 1873 con la sanción de la nueva Constitución provincial e inició su funcionamiento en 1875. Para entonces, el Poder Judicial de la provincia funcionaba en el Cabildo de Buenos Aires: autoridades nacionales y provinciales compartían la misma sede. En 1880, con la federalización de la ciudad, aparece la necesidad de una nueva capital provincial.

En 1882 se funda la Ciudad de La Plata (dicho sea de paso, una de las experiencias urbanísticas más interesantes del subcontinente). La Suprema Corte provincial se trasladó a La Plata en 1884 y se instaló provisoriamente en oficinas del Banco Hipotecario (hoy sede de la Universidad Nacional de La Plata) hasta que, en 1886, se radicó definitivamente en el actual Palacio de los Tribunales. Todo este derrotero de variables sí mantuvo una constante en sus casi 150 años de historia: de un total de 144 jueces que integraron la Suprema Corte provincial, 143 fueron varones.

127 años debieron transcurrir para que en 2002 la primera (y única) mujer fuera designada: la jueza Hilda Kogan. Veinte años pasaron ya de aquel «hito». En aquel momento pudimos haber pensado que la incorporación de una mujer iniciaría un camino distinto y que el nuevo siglo acompañaría la integración de los distintos cuerpos institucionales tan centrales para la vida social sin asimetrías de derechos por temas de género. Sin embargo, al día de hoy la distribución de género en la Corte se mantiene igual: 143 a 1.

Es evidente que la representatividad del poder judicial para con la comunidad es escandalosamente dispar. Pero también lo es si lo observamos hacia dentro del propio sistema judicial provincial en el cual, desde las secretarías letradas hasta las bases de la pirámide de sistema, las mujeres son mayoría. Todo esto se vuelve más injusto al dar cuenta de que en los resultados de los concursos, las mujeres demuestran estar mejor preparadas que los varones y cuentan, en muchos casos, con los mayores antecedentes entre los postulantes de las ternas.

El panorama general permite dar cuenta de la creciente participación de la mujer en los ámbitos públicos, laborales, económicos y educativos. Sin embargo, la integración del Poder Judicial provincial exhibe otro dato de la realidad: que ni la amplia participación de las mujeres en el mercado laboral ni la rigurosa formación profesional pueden quebrar la asimetría que existe en la ocupación de sus puestos jerárquicos. Pero, sin dudas, la desigualdad más pasmosa se encuentra en su instituto máximo.

Hoy, en la Corte Suprema provincial, existen vacantes a integrar: solo hay cuatro de los siete magistrados que deben conformarla. Sería un acto de justicia designar no menos de dos juezas mujeres a la Corte Suprema de la provincia.

De esta manera, la conducción del poder judicial quedaría integrado, al menos, por cuatro varones y tres mujeres. Tal integración contribuiría, entre otras cuestiones, al cumplimiento de la obligación constitucional del Estado argentino de eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer; a la incorporación de una perspectiva de género en el órgano máximo de justicia de la provincia acorde con la integración de una sociedad diversa; a la disminución de las asimetrías de derechos; y, por supuesto, a la conformación de una sociedad más igualitaria.

La integración de dos juezas más para la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires representará así un modestísimo paso reparatorio a tamaña injusticia de 150 años.


FUENTE: DIARIO EL CRONISTA