El presente proyecto tiene por objeto cumplir con la deuda que tiene el Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires en materia de Derecho de Acceso a la Información Pública. La normativa vigente en la provincia de Buenos Aires sobre la materia es la Ley 12.475 del año 2000, y su decreto reglamentario es el Decreto Provincial N° 2.549 del año 2004.

Ahora bien, es sabido que el Derecho de Acceso a la Información Pública tiene jerarquía Constitucional. En ese sentido, la Constitución Nacional Argentina en su artículo 1° establece que “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal...” Al hablar de forma “republicana” de gobierno, se sientan las bases de un sistema donde el acceso a la información pública y la difusión de los actos de gobierno son la regla. A su vez, el art. 12 inciso 4 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que todas las personas en la provincia gozan del derecho a la información.

Viviana Dirolli Acceso a la información pública.

No se puede dejar de lado que el acceso a la información pública es un derecho fundamental de toda sociedad democrática, veamos, si los ciudadanos no pueden acceder a la información, y de esa manera formar opiniones para participar en la toma de decisiones, se ve vulnerada la transparencia de las instituciones públicas, lo que resulta inaceptable.

El acceso a la información pública como derecho humano, ha ido tomando relevancia y reconocimiento en el ámbito del derecho internacional de la mano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir del caso Claude Reyes y otros vs. Chile[1] del año 2006, a raíz de que el Estado Chileno se negara a brindar la información que requerían Claude Reyes y otros acerca de un proyecto de deforestación que se llevaría a cabo en el país, la Corte tuvo la posibilidad de expedirse y sentar jurisprudencia asentando que el derecho de acceso a la información pública forma parte de un derecho humano básico ligado a la libertad de expresión.

Por otro lado, el “Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información”[2] que realizó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2007 establece que “El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, signadas por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma.”[3] A su vez, deja en claro que “La información pertenece a las personas. La información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno. Éste tiene la información sólo en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas. El Estado debe adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para promover el respeto a este derecho y asegurar su reconocimiento y aplicación efectivos.”[4]

El Derecho de Acceso a la Información Pública está regulado a nivel nacional en la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública del año 2017. Esta ley faculta el acceso a todo tipo de información pública, aclarando que toda persona está legitimada a solicitarlo, sin exigirle que motive su solicitud ni que demuestre interés legítimo o cuente con patrocinante. Por otro lado la citada ley nacional establece la obligatoriedad para el sujeto requerido de fundar la denegatoria de entregar información, bajo pena de nulidad. Por último, la ley nacional invita a adherir a las provincias.

En contraposición, la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires se encuentra desactualizada y resulta restrictiva y escueta. Por tal motivo, nos parece fundamental ampliar la legitimación y el objeto a solicitar en la legislación de la provincia de Buenos Aires para darle a los bonaerenses la posibilidad real de acceder a la información requerida. Debe recordarse que la ley vigente en la provincia de Buenos Aires sólo habla de “acceso a documentos administrativos”, del requisito de fundar la solicitud de acceso a los documentos y de la falta de obligatoriedad por parte de la autoridad requerida de fundar una denegatoria.

En resumen, la normativa en materia de acceso a la información pública en la provincia de Buenos Aires es insuficiente y resulta imperioso garantizar el correcto acceso a la información pública a todos los bonaerenses.

[1] https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf

[2] “Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información” 2007. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/estudio%20especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20acceso%20a%20la%20informacion.pdf

[3]  “Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información” 2007. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pag. 6

[4] “Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información” 2007. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pag. 34, punto 96.

 


PROYECTO DE LEY

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 1°: Adhiérase la provincia de Buenos Aires, a la Ley Nacional N° 27.275 de “DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”.

CAPÍTULO II
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

 Artículo 2°: Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar la transparencia de las actividades de las autoridades públicas de la provincia de Buenos Aires y asegurar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública a todos los ciudadanos. La interpretación de las disposiciones de esta ley debe ser efectuada, en caso de duda, siempre en favor del mayor alcance del derecho de acceso a la información.

 Artículo 3°: Ámbito de aplicación. Son sujetos obligados a brindar información pública en la provincia de Buenos Aires:

  1. La administración pública provincial, conformada por la administración central y los organismos descentralizados;
  2. El Poder Legislativo provincial y los órganos que funcionan en su ámbito;
  3. El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires;
  4. El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires;
  5. El Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Buenos Aires;
  6. El Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires;
  7. El Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires;
  8. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires;
  9. El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires;
  10. Las empresas y sociedades del Estado provincial, las sociedades anónimas con participación estatal provincial mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales donde el Estado provincial tenga participación mayoritaria en el capital o en la toma de decisiones societarias;
  11. Las empresas y sociedades en las cuales el Estado provincial tenga una participación minoritaria, solamente en lo referido a la participación estatal;
  12. Las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado provincial en forma directa o a través de entidades provinciales;
  13. Los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la medida en que cumplan con servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada, y contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o modalidad contractual;
  14. Fideicomisos que se constituyen total o parcialmente con recursos o bienes del Estado provincial;
  15. El Banco de la Provincia de Buenos Aires;
  16. Los municipios que adhieran a la presente ley, sus órganos y entidades autárquicas y autónomas;
  17. Y cualquier otra entidad privada o pública que, por tiempo determinado, encomendada por el Estado, organice y ponga en funcionamiento un servicio público o explotación de dominio público.

El incumplimiento de la presente ley será considerado causal de mal desempeño y dará lugar a las responsabilidades establecidas en las leyes.

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES

 Artículo 4°: Deróganse la Ley 12.475, el Decreto Provincial N° 2.549 y toda normativa contraria a la presente.

Artículo 5°: Invítase a los municipios a adherir a la presente Ley.

Artículo 6°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.