La transferencia científico-tecnológica es, en esencia, un proceso de articulación entre el sistema científico y el sector productivo, que genera valor agregado en la producción de un país y cuyo propósito es desarrollar soluciones concretas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, el desarrollo del sistema científico-tecnológico se ha convertido en un objetivo central de los gobiernos que se preocupan por el bienestar de sus ciudadanos.

Esa articulación entre las instituciones estatales existentes generadoras de conocimiento, la producción en sus distintas ramas y los variados actores económicos que en ella intervienen, resulta mutuamente beneficiosa. En otras palabras, los logros alcanzados en materia de investigación científica pueden traducirse en externalidades positivas para la economía de una provincia como Buenos Aires, e incluso y gracias a ella, de todo un país. A la vez, conecta a la comunidad científica con los problemas más apremiantes de la sociedad, ayudando de ese modo a establecer de manera más certera cuál es la agenda de investigación más provechosa.

Todas estas acciones requieren que la burocracia estatal colabore de manera activa,  mediante el aprovechamiento de los insumos científicos ya producidos en el territorio provincial para devolverlos luego a la sociedad bajo la forma de nuevas políticas públicas.

transferencia científico-tecnológica Viviana Dirolli

En otras palabras, el conocimiento y el desarrollo en materia de ciencia y tecnología generados por las universidades públicas – así como los institutos o centros de investigación – con asiento en el territorio provincial debe ser considerado a la hora de planificar o ejecutar políticas públicas.

Por ello, debe ser un objetivo priorizar la transferencia y el desarrollo tecnológico – con el mayor impacto posible – de manera de fomentar el crecimiento y el desarrollo de la matriz productiva de nuestra provincia.

En ese marco, corresponde a los gobiernos convocar a las universidades públicas e institutos de investigación afincados en el territorio provincial para promover políticas y agendas en materia científica y tecnológica que den respuesta a las múltiples demandas de los actores que integran el tejido productivo provincial.

Priorizar la articulación con las universidades públicas y/o centros e institutos de investigación mejora, fortalece y legitima el rol de la burocracia estatal, brindando un uso más eficiente de los recursos públicos al aprovechar el conocimiento científico generado localmente.

Teniendo en cuenta lo expresado, el presente proyecto prevé la contratación preferencial por parte de la administración pública provincial de las instituciones universitarias y centros e institutos de investigación públicos radicados en la provincia de Buenos Aires, para la elaboración de políticas públicas que promuevan la transferencia científico-tecnológica.

A los efectos de hacer operativo el objetivo del proyecto, resulta necesario intervenir sobre la normativa que se ocupa del sistema de administración financiera de la provincia de Buenos Aires, en particular sobre la Ley provincial N° 13.981 que rige el subsistema de contrataciones del estado provincial.

En efecto, el artículo 18 de la citada norma establece dos casos excepcionales de contratación directa  en los que las universidades nacionales con asiento en el territorio de la provincia de Buenos Aires tendrán el carácter de cuerpos consultores y asesores preferenciales: el inciso 2), pto. “a) Entre reparticiones oficiales, nacionales, provinciales o municipales y entidades en la que dichos Estados tengan participación mayoritaria” y el inciso 2, pto. “h) La contratación de artistas, técnicos o sus obras.”.

Sobre esa base, creemos necesario otorgar adicionalmente el carácter de cuerpos consultores y asesores preferenciales a las universidades, institutos y centros de investigación públicos, nacionales o provinciales, con asiento en el territorio de la provincia de Buenos Aires cuando el contrato verse sobre servicios de planificación, asesoramiento, investigación, capacitación o técnicos y tenga por finalidad exclusiva la elaboración de políticas públicas que promuevan la transferencia científico-tecnológica.

Con ello se busca ampliar la casuística ya existente en la mecionada ley al privilegiar la producción de conocimiento científico y tecnológico  que tenga una aplicación directa y concreta en políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de nuestra sociedad.


PROYECTO DE LEY

Expte: D-2391/22-23

ARTÍCULO 1°: Las contrataciones que realice la administración pública provincial para obtener la prestación de servicios de planificación, asesoramiento, investigación, capacitación o técnicos, cuya finalidad sea la elaboración de políticas públicas que promuevan la transferencia científico-tecnológica, se deberán realizar preferentemente con las universidades, institutos y centros de investigación públicos, sean estos nacionales o provinciales, con asiento en la provincia de Buenos Aires.

 

ARTÍCULO 2°: Modifíquese el artículo 18 de la Ley 13.981, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 18.- Contratación Directa. Se contratará en forma directa: 

1) Hasta la suma que establezca la reglamentación.
2) Excepcionalmente en alguno de los siguientes casos: 

  1. a) Entre reparticiones oficiales, nacionales, provinciales o municipales y entidades en las que dichos Estados tengan participación mayoritaria.
  2. b) Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes.
  3. c) Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno.
  4. d) Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente, no siendo la marca por sí causal de exclusividad.
  5. e) Las compras y locaciones que sean menester efectuar en países extranjeros, siempre que no sea posible realizar en ellos la licitación.
  6. f) La compra de bienes por selección o en remate público previa fijación del monto máximo a abonarse en la operación.
  7. g) Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir.
  8. h) La contratación de artistas, técnicos o sus obras.
  9. i) La reparación de motores, máquinas, vehículos y aparatos en general.
  10. j) Cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Gobierno se mantengan secretas.
  11. k) La publicidad oficial.
  12. l) La compra, locación, arrendamiento y los contratos de locación financiera con opción acordada de compra (leasing) de inmuebles.
  13. m) Cuando los bienes o servicios sean limitados a experimentación, investigación o simple ensayo.
  14. n) La venta de productos perecederos y los destinados al fomento económico o la satisfacción de necesidades sanitarias, siempre que la misma se efectúe directamente a los usuarios.
  15. o) Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado nacional o provincial.
  16. p) La venta de bienes en condición de rezago a instituciones de bien público reconocidas por organismos dependientes del Estado nacional, provincial o municipal.
  17. q) La compra de bienes o contratación de servicios producidos por talleres protegidos y toda otra instancia protegida de producción debidamente habilitada, registrada y supervisada por la autoridad administrativa competente.
  18. r) Cuando se entreguen bienes muebles o semovientes a cuenta de precio.
  19. s) Los servicios básicos de electricidad, gas, agua potable, telefonía fija o móvil, internet, así como cualquier otro servicio de telecomunicaciones de las actuales o futuras tecnologías disponibles, cuya prestación se encuentra a cargo de empresas públicas o privadas.

 Las contrataciones directas excepcionales deberán fundarse en causa objetivamente justificadas y acreditadas en las respectivas actuaciones.

En los supuestos de los incisos a) y h), las universidades nacionales con asiento en el territorio de la provincia de Buenos Aires, tendrán el carácter de cuerpos consultores y asesores preferenciales. También tendrán el carácter de cuerpos consultores y asesores preferenciales las universidades, institutos y centros de investigación públicos, nacionales o provinciales, con asiento en el territorio de la provincia de Buenos Aires, cuando la prestación de servicios de planificación, asesoramiento, investigación, capacitación o técnicos, tenga por finalidad exclusiva la elaboración de políticas públicas que promuevan la transferencia científico-tecnológica.

La contratación del inciso h) deberá asegurar la idoneidad, competencia y especialidad del cocontratante.

En el supuesto del inciso s), el órgano rector en materia de telecomunicaciones del Poder Ejecutivo será el encargado de definir en cada caso particular si el objeto de la contratación propiciada encuadra o no dentro del concepto de servicio de telecomunicaciones.”

 

 ARTÍCULO 3°: Invítese a los Municipios de la provincia de Buenos Aires a adherir al presente régimen.