Este proyecto de Ley para la reforma integralk del IOMA (Instituto Obra Médico Asistencial) busca recuperar la concepción de base para defender los intereses de los 2.141.300 afiliados, que les fuera arrebatado por decretos dictados por burócratas designados a través de un golpe de Estado.

Autor: Claudio Frangul.
Co-autor: VIviana Dirolli, Matías Civale, Natalia Dziakowski, Julio Pasqualin y Nazarena Mesías,

El presente proyecto retoma el contenido del expediente D 1582 22/23, así como los expedientes D 4800 22/23 y D 3706 22/23. Reconocemos también como antecedente el proyecto  presentado por el Diputado (MC) Juan Carlos Juárez, el D 693 14/15, que reincorporaba el acuerdo parlamentario para la designación del presidente y los representantes del Poder Ejecutivo, así como la elección directa de los afiliados para la integración del directorio.

Bloque Acuerdo Cïvico (UCR-GEN)

Bloque Acuerdo Cïvico (UCR-GEN)

El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional dispone que: “La ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes”.

Las reformas que se impulsan a la Ley 6982, contenidas en el presente proyecto, buscan garantizar el ejercicio pleno de la “autonomía financiera y económica”, así como el modelo de administración “por los interesados con participación del Estado”.

Similares conceptos se expresan en el Artículo 40 de la Constitución Provincial, que establece: “El sistema de seguridad social para los agentes públicos estará a cargo de entidades con autonomía económica y financiera administradas por la Provincia, con participación en las mismas de representantes de los afiliados conforme lo establezca la ley”.

Es notorio que la Ley 6982, en su actual modelo de funcionamiento interno, cuatro representantes del Poder Ejecutivo y tres representantes de los afiliados directos, desplaza a los “interesados” (tal como los llama la Constitución Nacional) a un lugar subalterno en la conducción del organismo, sometiendo a éste al tutelaje del Poder Ejecutivo Provincial.

Lo que debe tenerse muy en cuenta al momento de analizar las modificaciones que propone el presente proyecto de ley es la historia de los modelos de organización que ha tenido.

El 25 de julio de 1956, mediante Decreto 12739, se crea una comisión interministerial que debe encargarse de poner en marcha “la Obra Social de la Administración Provincial”. En los fundamentos de la iniciativa, se detalla que  “en algunos Departamentos de la Administración funcionan Mutualidades, que luchando con dificultades financieras desarrollan una acción meritoria, de indudable beneficio para sus afiliados, beneficios que podrían ser mayores si existiera una acción coordinada o unificada con entidades similares”; mientras que en otros Departamentos se hallaban a estudio, y/o en comienzo de organización, “Obras Sociales que beneficiarían exclusivamente al personal de los mismos, quedando al margen el personal de otros Departamentos de la Administración Provincial”. Ante esta situación, se dispone la unificación de esos esfuerzos “en pro de la incrementación de los beneficios que esas entidades deben procurar al personal de la Administración Provincial y sus familias”.

El trabajo de la Comisión da lugar a la creación del Instituto de Obra Médico Asistencial de la Administración General de la Provincia de Buenos Aires, el 20 de febrero de 1957, mediante el Decreto-Ley 2452. En esta primera concepción de su administración, el artículo 5º establece que el Instituto “dependerá únicamente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social”; mientras que el artículo 6º dispone que será “dirigido y administrado por un director nombrado por el Poder Ejecutivo”.

En el año 1957 sesionó la Convención Constituyente (desde el 30 de agosto hasta el 25 de octubre) cuya convocatoria buscaba darle legalidad a la derogación de la Constitución de 1949. Solo produce dos modificaciones al texto de 1853: agrega el inciso 11 del artículo 67 e introduce un nuevo artículo: el 14 bis.

Las definiciones brindadas por el texto constitucional al respecto del “seguro social obligatorio” (ya citadas al comienzo de estos fundamentos) impulsaron la reforma del Instituto. La Ley 6323 (publicada en el Boletín Oficial el 17 de noviembre de 1960) dispone un directorio de 8 miembros: 1 representante del Poder Ejecutivo (el presidente) y 5 directores que representaran a los afiliados. Los dos restantes se reservarían para los otros dos poderes del Estado provincial. La subordinación del Instituto al Ministerio de Salud Pública se elimina de cuajo: el Artículo 1º de la ley 6323 lo declara “entidad autárquica”.

Además de darle mayoría en el directorio a los representantes de los afiliados (uno a los Agentes de la Administración, uno por el Magisterio, uno por los Empleados y Obreros de la Municipalidades, uno por los Jubilados y Pensionados del IPS y el quinto por las entidades gremiales adheridas), la Ley 6323 establece una Comisión técnica donde estarían representados los profesionales de la salud:

Artículo 4: “El directorio será asesorado por una comisión técnica ad honórem integrada por tres delegados en representación del Colegio de Médicos, del Colegio de Farmacéuticos y de la Federación Odontológica de la provincia de Buenos Aires, respectivamente”.

IOMA Provincia de Buenos Aires

IOMA Provincia de Buenos Aires

El 18 de marzo de 1962 se produce el triunfo electoral del peronista Framini (bajo la sigla U.P.). Este resultado ocasiona la intervención de la Provincia, donde se suceden como comisionado nacional de facto Roberto Etchepareborda (12 de abril al 1 de junio de 1962); Ceferino Merbilhaa (1 de junio al 23 de octubre de 1962); Félix Trigo Viera (23 de octubre de 1962 al 24 de abril de 1963); y Francisco Imaz (24 de abril al 12 de octubre de 1963). En este proceso, IOMA es intervenido por el Poder Ejecutivo.

El Gobierno de Anselmo Marini impulsa la ley 6982, promulgada el 20 de noviembre y publicada el 24 de diciembre de 1964, algunos de cuyos conceptos centrales rescatamos en esta propuesta de reforma. El modelo de organización de su administración que propone disponía que el presidente de la entidad fuera designado con acuerdo parlamentario, la paridad entre los vocales representando al Estado y los que representan a los afiliados. Además, dispuso la elección directa de los representantes de los afiliados, contemplando la participación de la minoría.

Art. 3: “El presidente será designado  por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del  Senado, tres (3) vocales en representación del Estado que deberán ser: un (1)  egresado de Universidad, Facultad de  Ciencias Económicas en Ciencias de Administración, un (1) abogado y un (1)  médico preferentemente sanitarista, designados también por el Poder Ejecutivo y los otros tres (3) en representación de los afiliados, elegidos por el voto secreto y obligatorio y con representación de la minoría de acuerdo con el procedimiento que establezca la reglamentación. Entiéndese por afiliado toda persona que es titular del servicio asistencial y para ejercer el derecho de elegir y ser elegido deberá tener una antigüedad de un (1) año en tal carácter.”

En la Ley 6982, se mantiene la comisión técnica que representa a los profesionales de la salud, incluida en la norma de la época de Alende.

El Decreto 7840/72, dictado durante la intervención de facto de la Provincia a cargo del brigadier Miguel Moragues, blanquea lo que venía sucediendo desde el golpe de Estado a Arturo Illia: elimina el acuerdo parlamentario para la designación del titular del IOMA, así como la elección directa de los representantes de los afiliados. El modelo así impuesto por la intervención militar es el que se prolonga hasta la fecha:

“Los Directores representantes de los afiliados obligatorios serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta de las organizaciones representativas del sector: 1) Personal Administrativo del Estado Provincial, uno (1); 2) Personal docente del Estado Provincial, uno (1); 3) Jubilados del estado provincial, uno (1)”.

¿Cómo se eligen hoy los directores en representación de los afiliados obligatorios?

El Decreto 412/04 dispuso que: “Los Directores representantes de los afiliados obligatorios serán designados por el Poder Ejecutivo, según lo establece el Decreto-Ley Nº 7840/72, de las siguientes áreas: 1) Personal Administrativo del Estado Provincial, uno (1); 2) Personal docente del Estado Provincial, uno (1); 3) Personal dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, uno (1)”.

De esta forma, la inclusión de los Jubilados y Pensionados quedó sometida a la decisión de las Organizaciones Gremiales, para el caso de los apartados primero y segundo; y de la Entidad Representativa en el caso del apartado tercero, ya que el decreto 412/04 establece que pueden designarse “tanto activos como pasivos” para ejercer la representación. En la práctica, el sector quedó sin representación.

El decreto 412/04 dispone además que las designaciones de los directores que representan a afiliados se efectuarán a propuesta de las Organizaciones Gremiales, para el caso del Personal Administrativo y del Personal Docente, y de la Entidad Representativa, en el caso del apartado tercero. El decreto dispone además que:

“En el caso de que más de una organización gremial se considerare con mayor

representatividad de algunas de las áreas consignadas en el apartado I y II, se evaluará la documentación acompañada por cada una de las mismas, y si de esta no surgiere con claridad tal condición, se procederá a realizar un sorteo público a fin de elegir a la que propondrá sus candidatos. El sorteo deberá realizarse con la presencia del Escribano General de Gobierno y representantes de las Organizaciones Gremiales y Entidades representativas en cuestión”.

En la práctica, podemos resumir que actualmente la representación de los afiliados en la obra social está a cargo de los gremios más preponderantes en cada actividad o por sorteo.

Respecto al articulado presentado en el presente proyecto, se ha buscado asegurar la representación de los Jubilados y Pensionados. Además, se introduce respetar la participación política equitativa entre géneros para todos los cargos públicos electivos de la Provincia de Buenos Aires establecida por la ley 14848, sancionada en 2016, que busca garantizar el derecho de las mujeres a ocupar posiciones representativas. Esta citada incorporación significa un paso adelante en la construcción de un Estado más equitativo y de una sociedad con igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres.

Las leyes que crearon las obras sociales de empleados públicos en las provincias de la República contemplan la participación de los afiliados en su directorio y, específicamente, aseguran la representación de los jubilados y pensionados.

La Provincia de Mendoza, a través de la ley 4373:

Artículo 34°: el directorio estará constituido por el director general que ejercerá su presidencia, y por cinco vocales designados por el poder ejecutivo en la siguiente forma: dos en representación del gobierno provincial; dos en representación de los empleados y obreros de la administración pública provincial de una terna que la elevará la asociación profesional más representativa que los agrupe; uno en representación de los jubilados y pensionados de la administración pública provincial de una terna que elevará la entidad más  representativa que los agrupe.

La Provincia de Corrientes, a través de la ley 3932:

Artículo 6°: El Instituto será administrado por un Directorio integrado por un Presidente y dos vocales”… “un Vocal en representación de la Asociación de Empleados Públicos de la Provincia y un Vocal en representación del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales, estos últimos designados a propuesta de las entidades respectivas…”

El Consejo Consultivo Profesional, que se incluye en el articulado propuesto, ya estuvo en funciones en el período de vigencia de la ley 6323 y fue mantenida durante la vigencia de la 6982, hasta su eliminación por el Decreto 7840/72 dictado durante un gobierno de facto.

El Consejo Consultivo Gremial, que se incluye en el articulado propuesto, implica reconocer la experiencia que ha significado la constitución de este Consejo a través del Decreto Nº 3.145/04, al que se dispone a integrarlo al texto de la ley para garantizar su ejercicio pleno. Los sindicatos que están habilitados, según el Decreto Nº 3.145/04, a participar en el Consejo Consultivo Gremial del IOMA son: ABER, AEMOPBA, AERI, AJAMOP, AJB, AMET, APDFA, APL, APOC, APV, ATE, DSSP, FEB, FEJPMBA, FESIMUBO, S. GRÁFICO, S. PRENSA, S.S. PÚBLICA, SOEME, SOSBA, SUTEBA, UDA, UDOCBA, UPCN, CICOP, y SPMHLP.

Las leyes que crearon las obras sociales de empleados públicos en las provincias de la República se atienen a lo dispuesto por el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional.

La Provincia de Salta, a través de la Ley Nº 7127:

“Artículo 1°: Créase el Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.) como una entidad autárquica, con personería jurídica, individualidad administrativa, económica y financiera, y capacidad como sujeto de derecho, con el alcance que el Código Civil establece para las personas jurídicas públicas”.

La Provincia de Mendoza, a través de la ley 4373:

Artículo 1: “Créase la obra social de empleados públicos… como ente autárquico”.

La Provincia de Corrientes, a través de la ley 3932:

Artículo 1°: “El Servicio de Obra Social de la Provincia de Corrientes, creado por la Ley N° 3.341/77, se denominará en lo sucesivo Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes, el que funcionará como Ente Descentralizado del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica y autarquía financiera”.

Las leyes que crearon las obras sociales de empleados públicos en las provincias de la República también contemplaron la necesidad de acuerdo parlamentario para la designación de sus principales autoridades:

La Provincia de Mendoza, a través de la ley 4373:

Artículo 41 – “El director general será designado por el poder ejecutivo con acuerdo del senado y percibirá la remuneración mensual que fije el presupuesto de gastos y recursos”.

La Provincia de San Juan, a través de la ley 4.680, contempla la elección directa de los representantes de los afiliados:

«ARTÍCULO 29.- La Dirección de la Obra Social será administrada por un Directorio compuesto por seis miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo y en representación del Estado Provincial, uno como Presidente y dos como Vocales; y tres miembros en representación de los afiliados directos o obligatorios que serán elegidos por el voto directo y secreto de los afiliados a la Obra Social. Corresponderán dos miembros a la mayoría y uno a la minoría, siempre que esta obtenga por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de los votos válidos emitidos…”.

Respecto al agregado del requisito del acuerdo de la Cámara de Diputados para la designación de los directores en representación del P. E., se retoma la experiencia positiva que ha significado este requisito para la designación de los Consejeros superiores en Educación:

ARTÍCULO 97.- El Consejo General de Cultura y Educación se integra con el Director General de Cultura y Educación en su carácter de Presidente nato del mismo y diez (10) Consejeros designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados, con las incompatibilidades expresadas en la normativa vigente y las condiciones requeridas para ser Diputado (Ley 13688).

En cuanto a las modificaciones propuestas a los derechos y obligaciones del directorio del IOMA, incluidos en el presente proyecto, los mismos tienen por finalidad garantizar la autarquía del organismo. Es el sentido de la redacción propuesta para los  los incisos “e”, “i”, “ll”, “m”, y “ñ”; mientras que la incorporación del nuevo inciso “o”  tiene por sentido otorgar la mayor  transparencia al organismo.

Entendemos que las facultades previstas en la actual redacción de los incisos f y g respecto a “convenir las prestaciones asistenciales y sus aranceles y establecer los montos, proporción y demás modalidades para cada una de las prestaciones”, debe hacerse en estricto cumplimiento de lo establecido en el Programa Médico Obligatorio (PMO) actualizado por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. Desde hace años familiares de personas aquejadas por algún tipo de enfermedad, así como directivos de las empresas vinculadas a la salud,  manifiestan sus inconvenientes por la negativa o los retrasos por parte de la obra social provincial para incorporar diversas prácticas a su Programa Médico Obligatorio.

La Superintendencia de Servicios de Salud se constituye mediante el Decreto Nº 1615/96, en la jurisdicción del entonces Ministerio de Salud y Acción Social, como consecuencia de la fusión de la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL), creada por la Ley Nº 23.661, de la Dirección Nacional de Obras Sociales (DINOS) establecida por la Ley Nº 23.660 y del Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS) instituido por la Ley Nº 18.610. Actualmente, la Superintendencia de Servicios de Salud es un Organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, caracterizada por ser un órgano de regulación y control de las Obras Sociales Sindicales, las Entidades de la Medicina Prepaga, reguladas por la Ley Nº 26.682/11 y los Decretos: Nº1991/12 y Nº 1993/12, y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido a nivel público como “PAMI”, entre otras.

El Programa Médico Obligatorio (PMO) actualizado por la Superintendencia de Servicios de Salud constituye en esta época el parámetro por el que se rigen la inmensa mayoría de las prestaciones en salud en nuestro país. La falta de adhesión al mismo por parte del Instituto de Obra Médico Asistencial no representa una ventaja para los afiliados al Instituto. A juzgar por las limitaciones que implica la falta de reconocimiento a diversas prácticas de uso cotidiano más bien podemos decir que constituye una seria desventaja, cuya razón de ser no puede ser explicada con fundamentación. La excepcionalidad puede ser una virtud en muchas áreas, pero en el caso de las prestaciones de salud constituye una extravagancia. Cabe aclarar que cuando nos referimos a negativas o retrasos por parte de la obra social provincial para incorporar diversas prácticas a su Programa Médico Obligatorio  no estamos señalando avances de vanguardia en el marco de la transformación digital que está redefiniendo el rumbo del sector sanitario como por ejemplo neuroprótesis para recuperar sentidos que se habían visto perjudicados o exoesqueletos para ayudar a recuperar la movilidad a pacientes que la habían perdido o el uso de nanopartículas para distribuir sistemas de medicación muy precisos. Nos referimos sencillamente a prácticas básicas de rehabilitación de pacientes que tuvieron un accidente cerebro vascular.

Respecto a las modificaciones introducidas en el manejo de la inversión de los fondos que constituyen el patrimonio del I.O.M.A este proyecto elimina la tutela del Ministerio de Economía respecto a los mismos y el requisito impuesto por la nueva redacción “respaldar el normal funcionamiento del organismo y las prestaciones que brinda” busca evitar que los aportes de los afiliados sean utilizados para otros fines ajenos al objeto de los mismos, aun cuando esa utilización resulte transitoria mediante el mecanismo de la demora en el envío de los fondos.

También apuntando a evitar las demoras en el envío de los fondos es que se dispone las modificaciones al artículo 14 de la ley vigente.

La obligatoriedad de la realización de una Auditoría Externa Anual y Permanente surge de considerar necesario que los afiliados de la obra social tengan acceso a la correspondiente rendición de cuentas de los aportes que realizan para sostener la entidad. Entendemos que si el Directorio cumple la letra y el sentido propuesto para la implementación de  mecanismos efectivos de monitoreo de gestión, rendición de cuentas y evaluación que permitan el seguimiento de resultados y procesos ésto transforma el modelo de la gestión hacia otro nuevo norte.

La modificación propuesta al artículo 22 implica un cambio en el modo de cobertura de los medicamentos comprendidos en el vademécum de la Obra Social. Algunas entidades, como PAMI y muchas obras sociales, cubren un porcentaje que se mueve de la mano de los incrementos en los precios de los medicamentos. Pero el IOMA cubre un monto fijo, que si no se actualiza quedaría rezagado respecto al incremento del precio de venta.

En un Informe de la Fundación Soberanía Sanitaria (número 52, publicado en julio de 2019) se expresa que: “La situación de los afiliados se torna aún más preocupante cuando analizamos la cobertura de medicamentos que brinda el instituto. IOMA tiene un sistema de cobertura de medicamentos distinto al del PAMI y las Obras Sociales Nacionales (OSN) que cubren un porcentaje fijo del Precio de Venta al Público (PVP). Esto implica que cuando aumenta el precio de un medicamento, el reconocimiento por parte de PAMI y otras OSN aumenta de manera proporcional y automática. El IOMA cubre un monto fijo en pesos del PVP (no un porcentaje) y cuando éste aumenta el Instituto debe actualizar mediante resolución el monto de cobertura, algo que no está sucediendo”. La descripción de la problemática realizada por la Fundación Soberanía Sanitaria, cuyos principales dirigentes ocuparon en estos años  los primeros puestos en la conducción del Ministerio de Salud y el IOMA, continúa sin alteración.

Cabe destacar que los coseguros de los gremios incluyen también la cobertura de medicamentos, pero en todos los casos esta cobertura está atada en porcentaje a la brindada por IOMA. Es decir, si IOMA cubre 100 pesos de un medicamento cuyo valor de mercado sea de 200 pesos, el coseguro cubre el 50 % de lo cubierto por IOMA, por lo que el afiliado solo deberá pagar 50 pesos. En un contexto de alta inflación como el registrado durante 2023 y principios de 2024 con el mismo medicamento a un valor de 1000 pesos, IOMA mantiene igual su cobertura de suma fija, 100 pesos, y el coseguro cubre el 50 % de lo cubierto por IOMA, por lo que el afiliado debe pagar 850 pesos.


PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO 1°: Modifícase el Artículo 2º de la Ley 6982, que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 2º: El Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires estará administrado por un directorio integrado de la siguiente forma:

  1. a) Un presidente, a propuesta del Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara de Senadores.
  2. b) Tres directores en representación del Estado Provincial, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados, garantizando la representación de la minoría parlamentaria.
  3. c) Tres directores en representación de los afiliados obligatorios y voluntarios elegidos por el voto directo y secreto de los afiliados, garantizando la representación de la primera minoría.
  4. d) Dos directores en representación de los Jubilados y Pensionados del IPS elegidos por el voto directo y secreto de los afiliados, garantizando la representación de la primera minoría.

Todos los miembros del directorio deben tener residencia de cinco (5) años en la Provincia. En la integración definitiva del Directorio deberá respetarse la equidad de género, conforme ley 14.848. 

ARTÍCULO 2°: Incorpórase el Artículo 2º Bis a la Ley 6982 que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 2º Bis: La elección para cargos de directores, se efectuará en un solo acto en el mes de marzo, en fecha fijada por el Directorio, de acuerdo a las facultades otorgadas por esta Ley, con una antelación mínima de cuarenta y cinco (45) días hábiles al vencimiento de los mandatos.

El Directorio designará a los integrantes de la Junta Electoral del IOMA a cargo del desarrollo de la totalidad de los actos comiciales y de las actividades bajo su responsabilidad, debiendo velar por el fiel cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en materia de igualdad de género para las candidaturas.

La confección, actualización y mantenimiento del padrón será responsabilidad exclusiva de la Junta Electoral del IOMA.  El padrón actualizado y autenticado, deberá remitirse a la Justicia provincial con competencia electoral no menos de sesenta (60) días antes de cada elección o cuando ésta así lo requiera. Las decisiones de la Junta Electoral podrán ser apeladas ante el Directorio.

Tendrán derecho al voto los afiliados obligatorios que tuvieran una antigüedad superior a un (1) año como tales, los afiliados voluntarios que tuvieran una antigüedad superior a los dos (2)  años como tales, sean trabajadores activos, jubilados y/o pensionados.

ARTÍCULO 3°:  Modifícase el Artículo 6º de la Ley 6982, que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 6°:  El presidente y los tres (3) directores en representación del Estado Provincial durarán cuatro (4) años en sus funciones. Los cinco (5) directores en representación de los afiliados obligatorios y voluntarios nombrados por el voto directo durarán tres (3) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por solo un (1) nuevo período. El director en representación de los afiliados obligatorios y voluntarios nombrados por el voto directo que hubiera ejercido dos períodos no podrá volver a ejercer tal función.

 ARTÍCULO 4°:  Incorpórase el Artículo 6º Bis a la Ley 6982 que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 6° Bis:  El directorio será asesorado por un Consejo Consultivo Profesional, integrada por representantes del Colegio de Médicos, del Colegio de Farmacéuticos, del Colegio de Odontólogos, Colegio de Bioquímicos, Colegio de Psicólogos, en todos los casos con un (1) delegado, ampliándose el número de miembros de la comisión con representantes de las entidades comprendidas en los servicios auxiliares de las profesiones mencionadas, cuando celebren convenios con el I.O.M.A. La designación y remoción de los delegados es privativa de las entidades que representan. Los delegados desempeñarán sus funciones con carácter “ad Honórem”.

Serán funciones del Consejo Consultivo Profesional:

  1. Emitir opinión, no vinculante, cuando les sea requerida por el Honorable Directorio.
  2. Elevar a consideración y decisión del Directorio las propuestas que estime convenientes.

ARTÍCULO 5°: Incorpórase el Artículo 6º Ter a la Ley 6982 que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 6° Ter: El directorio será asesorado por un Consejo Consultivo Gremial, que se integrará con un (1) representante que elegirá cada una de las Entidades con personería gremial y representación en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, que represente a los afiliados obligatorios del I.O.M.A. Los delegados desempeñarán sus funciones con carácter “ad Honórem”. La designación y remoción de los delegados es privativa de las entidades que representan.

 Serán funciones del Consejo Consultivo Gremial:

  1. Emitir opinión, no vinculante, cuando les sea requerida por el Honorable Directorio.
  2. Elevar a consideración y decisión del Directorio las propuestas que estime convenientes.

ARTÍCULO 6°: Modifícase los incisos “a”, “e”, “g”,“i”, “ll”, “m”, “ñ”, y agrégase el inciso “o” al Artículo 7º de la Ley 6982, que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 7°:  El Directorio tendrá los siguientes derechos y obligaciones:

  1. a) Elegir de entre sus miembros, en la sesión constitutiva un (1) vicepresidente/a para reemplazo eventual o transitorio del Presidente;
  2. b) Representar en juicio a la entidad como demandante o demandado y hacer transacciones judiciales o extrajudiciales para lo cuál otorgará los poderes que estime convenientes;
  3. c) Administrar los bienes del I.O.M.A., llevando el inventario general de los mismos;
  4. d) Celebrar toda clase de contratos;
  5. e) Administrar el presupuesto de gastos y cálculo de recursos, indicando las modificaciones necesarias en los porcentajes de aportes, y una memoria anual;
  6. f) Convenir las prestaciones asistenciales y sus aranceles. Los aranceles serán los convenidos con las distintas entidades representativas de los profesionales y los establecidos en el Decreto-Ley 5.413/58;
  7. g) Establecer los montos, proporción y demás modalidades para cada una de las prestaciones que se atiendan, respetando lo establecido en el Programa Médico Obligatorio (PMO) actualizado por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (o el organismo que lo reemplace en el rol);
  8. h) Sancionar, previo sumario, a los afiliados, profesionales y servicios adheridos sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 73 del Código de Procedimiento en lo Penal. Las sanciones serán publicadas en el Boletín Oficial y la prensa de las localidades respectivas(**)

(**)Corresponde al actual artículo 80 del Código de Procedimiento Penal según texto ordenado por el Decreto 1.174/86;

  1. i) Disponer la aprobación y/o modificación de la Estructura Orgánico Funcional del organismo y los Planteles Básicos del Personal;
  2. j) Acordar o denegar, en este último caso, por resolución fundada los beneficios establecidos por esta ley;
  3. k) Atender la disciplina de los empleados, respetando los derechos conferidos por las normas legales en vigencia;
  4. l) Dictar la reglamentación necesaria para ejercer sus funciones;
  5. ll) Disponer el nombramiento, ascenso y remoción del personal del Instituto;
  6. m) Disponer las transferencias de partidas que sean necesarias para su normal desenvolvimiento de acuerdo con lo que faculte la Ley de Presupuesto vigente;
  7. n) Suspender preventivamente a los afiliados, profesionales o servicios adheridos por un término no mayor de noventa (90) días cuando se les impute la comisión de irregularidades;

ñ) Disponer la inversión de los fondos que constituyen el patrimonio del I.O.M.A en condiciones óptimas de seguridad y liquidez; asegurándose que tales recursos y/o las reservas de libre disponibilidad se utilicen al único fin de respaldar el normal funcionamiento del organismo y las prestaciones que brinda.

  1. o) Realizar los convenios necesarios para la realización de una Auditoría Externa Anual y Permanente. El Directorio dispondrá los mecanismos necesarios para implementar sistemas efectivos de monitoreo de gestión, rendición de cuentas y evaluación que permitan el seguimiento de resultados y procesos. Sus conclusiones deberán ser publicadas en los medios de comunicación oficiales a cargo de IOMA.

ARTÍCULO 7°: Modifícase el Artículo 10º de la Ley 6982 que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 10°: Las resoluciones del directorio son irrecurribles en cuanto al mérito del acto. Cuando se cuestione su legitimidad se podrá interponer recurso, que deberá ser fundado ante el fuero Contencioso Administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles, el que interpuesto no suspenderá la ejecutoriedad del acto.

ARTÍCULO 8°: Modifícase el Artículo 14º de la Ley 6982 que quedará redactado de la siguiente manera:

Los empleadores enunciados en el inciso b) del artículo 12° tendrán las siguientes obligaciones:

  1. a) Practicar los descuentos, liquidar las contribuciones y depositar los importes respectivos a la orden del instituto de Obra Médico Asistencial, dentro de los cinco (5) días de percibido por el agente, de cualquier tipo de remuneración entendiéndose por tal, a todos los efectos de la presente ley, los haberes jubilatorios, de pensión o de retiros, los sueldos o asignaciones percibidas por todo concepto, incluidos los suplementos y bonificaciones adicionales que revistan al carácter de habituales y regulares, y además toda otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se les asigne, incluidas las no remunerativas, percibidas por servicios ordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia, quedando solamente excluidas de este concepto, la retribución por horas extras, las asignaciones familiares, las percibidas en calidad de viáticos, los gastos de residencia y las asignaciones percibidas en concepto de beca. Para todo pago adicional por reajuste o que bajo cualquier denominación se abone, esta obligación deberá ser cumplimentada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al del pago.

No obstante lo anterior, la Contaduría General de la Provincia retendrá a las Municipalidades, conforme a lo establecido en el artículo 14° quater, desde el primer día hábil del mes siguiente al del devengamiento, los importes por aportes y contribuciones resultantes de la aplicación del artículo 13° sobre la “masa salarial

media municipal”

La retención establecida en las condiciones del párrafo anterior será incrementada en un cincuenta (50) por ciento por el devengamiento de cada semestre del sueldo anual complementario.

La del primer semestre se efectuará con la del mes de Junio y la del segundo, con la del mes de diciembre.

  1. b) Remitir al instituto de Obra Médico Asistencial en el mismo plazo establecido en el primer párrafo del inciso a), las declaraciones juradas mensuales de aportes y contribuciones, comprobantes de depósito y toda otra documentación que éste requiera para efectuar el control de las sumas depositadas, de acuerdo a la forma y modo que establezca la reglamentación.

No obstante lo anterior, antes del décimo (10°) día hábil del mes siguiente al del devengamiento mensual, y con las firmas del intendente y Contador Municipales, cada Municipalidad remitirá al Instituto de obra Médico Asistencial una declaración jurada mensual que contenga la nómina de los afiliados, sus remuneraciones, y los aportes y contribuciones correspondientes.

El incumplimiento de lo establecido en este inciso, dará lugar a la aplicación automática por parte del Instituto de Obra Médico Asistencial de una multa del cincuenta centésimos (0,50) por ciento diario calculada sobre la última remuneración devengada, declarada o estimada.

  1. c) Registrar todo hecho o circunstancia referente al personal en actividad que afecte o pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones que a estos le impone el presente régimen.
  2. d) Suministrar todo dato o informe que le requiera al instituto de Obra Médico Asistencial y permitir las verificaciones que se ordenen referentes al cumplimiento de la presente ley.

El incumplimiento del empleador a las obligaciones emergentes de este artículo, dará lugar además, a que el instituto de Obra Médico Asistencial efectúe ante los organismos competentes la denuncia a los efectos de su juzgamiento y sanción, de acuerdo a las disposiciones legales en vigencia.

ARTÍCULO 9°:Modifícase el Artículo 22º de la Ley 6982 que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 22°: El Instituto otorgará a los afiliados las siguientes prestaciones:

  1. a) Medicina General y especializada en consultorio y domicilio;
  2. b) Internaciones en establecimientos asistenciales;
  3. c) Servicios auxiliares: análisis de laboratorio, radiografías, fisio y radioterapia, masoterapia;
  4. d) Asistencia odontológica;
  5. e) Provisión de Medicamentos: la cobertura se establecerá por porcentaje.

Cuando se trate de monodrogas, se reconocerá la cobertura de las mismas por un valor similar al del producto de menor valor de venta a igualdad de dosis y vías de administración. Solamente, se reconocerá el mayor valor por características de forma farmacéutica que incremente la biodisponibilidad de una monodroga o de alguna manera produzcan efectos farmacodinámicos más eficientes con la previa aprobación del Ministerio de Salud de la Provincia, basada en consulta a Facultades de Farmacia y/o Bioquímica pertenecientes a Universidades Nacionales  (Ley 10.744).

  1. f) Cualquier otra prestación que resuelva el directorio.

Dichos servicios serán prestados por el profesional que elija el afiliado, dentro de los adheridos a este régimen asistencial. Donde éstos sean arancelados deberán regirse de acuerdo a los convenios vigentes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 10°: La presente ley será reglamentada dentro de los noventa (90) días de su promulgación, fecha a partir de la cual comenzará la vigencia de la misma. La reglamentación deberá incluir la constitución de la Junta Electoral y la correspondiente convocatoria a elecciones.

ARTICULO 11°: Autorizase al PE a la elaboración de un texto ordenado de la presente ley.

ARTICULO 12°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.